El nivel básico esperable en una sociedad es que esté informada. Ese hecho es el primer eslabón en la edificación de la cadena de una sociedad activa. Pero si además de interiorizada la ciudadanía es consultada, aumenta la participación bajo la posibilidad de deliberar, discutir y poner en común las decisiones que les inciden.

Está demostrado que cuando las comunidades se sienten consideradas y parte del sistema, participan con mayor intensidad, ya que los individuos empoderados, ven la posibilidad de deliberar, discutir e incidir en las decisiones que les afectan.

La llegada de la democracia, para Latinoamérica parecía el primer paso para conseguir la equidad y el acceso igualitario, pero pasados los años, la deuda no está saldada y aunque es obvio que quienes cuentan con criterio no querrían volver al pasado, los derechos de la ciudadanía –entre ellos el de acceder a la información- continúan siendo débiles y manejados.
Partimos de la premisa de que los habitantes tienen el derecho a exigir información y a expresar sus opiniones sin censura previa, sin olvidar la importancia de que estos deben ser parte de su propio desarrollo, buscando, transmitiendo y defendiendo la información proporcionada y disponible en los organismos públicos.

Hablamos de individuos activos y no de receptores pasivos, pero para ello es necesario explorar si los estímulos generados desde las entidades públicas, provocan la reacción ciudadana y si las nuevas tecnologías los incorporan de forma participativa.

Se hace importante visualizar también si la informática y modernización del Estado –que se ha planteado como necesidad en la mayoría de las naciones- son elementos que acercan al ciudadano de a pie, o si simplemente le alejan más.

Debemos tener presente el dato de que en la mayoría de los países con crecimiento económico, categorizados “en vías de desarrollo” o “desarrollados”, las estadísticas arrojan números que muestran como la población considerada de la tercera edad, crece quedando ajena a la revolución informática suscitada en las últimas décadas.

Para no ser injustos o pesimistas, es necesario también decir que en un par de décadas las nuevas generaciones serán parte de la “democracia digital”  y podrán supervisar a sus entidades a distancia. Pero por ahora es sólo un anuncio y no sabemos los resultados, dadas las bajas tasas de participación de los jóvenes en las elecciones y el interés cada vez menor por la tan apreciada y desaparecida responsabilidad cívica de antaño .

Más allá de situarnos en un escenario periodístico, entonces, debemos pensar que dado el engranaje en que se engarza este tipo de comunicación -la estructura administrativa pública- debe considerarse una lógica específica bajo una estructura compleja.

Lo que no se puede desconocer, sin embargo, es que la Comunicación Pública nace de la relación que hay entre comunicación y política. Ambos conceptos mediados, por la importancia de “lo público” (en contraposición al derecho a lo privado) y dentro de este del quehacer político como constructor de conciencias.

En la esencia de la idea anterior, está la certidumbre de que la comunicación es un bien público y que la información es otro bien público, y que es precisamente la apropiación hacia el interés individual de estos dos bienes (públicos) lo que hay que conciliar.

Este comunicar colectivo, bajo un interés social, es uno de los fundamentos y objetivos a alcanzar en este proceso que implica la reacción de los receptores y su movilización frente a lo que ocurre en su entorno.

De acuerdo a lo anterior, será pública la comunicación cuando vele por la construcción de ciudadanía y de lugar a la participación, generando una relación  interesante, en la medida en que el proceso se aleje del mero hecho informativo para aproximarse a una construcción de sentido compartido, que aumente la cooperación.
Será público el proceso y encajará en nuestro concepto de Comunicación Pública, cuando trabaje por la construcción de ciudadanía, brindando espacios de participación y para la generación de una relación  interesante con el entorno, alejándose del mero hecho informativo y aproximándose a una arquitectura de sentido compartido que refuerce la acción vecinal.

Por ahora, el tema de la Comunicación Pública es un desafío pendiente para las administraciones del cuerpo estatal, así como también para los profesionales de las comunicaciones y es quizá una importante pieza del puzle para que la ciudadanía vuelva a creer  en la actividad gubernamental y se reencante con el deber cívico y la participación comunitaria.